Si se observa la dinámica del independentismo catalán se puede llegar fácilmente a la conclusión de que, al final, todo el conflicto deriva en una única pregunta: ¿llegará el Gobierno de España a imponer sus tesis mediante el uso de la fuerza?
De momento, parece obvio que la respuesta para los nacionalistas es que no, y que los unionistas dan por descontada una respuesta positiva, con lo que esta es la clave de todo el futuro del proceso.
Analicemos en primer lugar cómo se llega a esta cuestión y luego cual es, desde mi punto de vista, la respuesta a la pregunta.
El Gobierno central tiene en su mano la Constitución y las leyes, y ambas prohíben un referéndum o consulta parcial en un único territorio, pues el sujeto de soberanía es todo el pueblo español. Como Estado constituido, España tiene el derecho y el deber de hacer cumplir estas leyes, y la legitimidad de hacerlo tras la aprobación democrática de estas.
Por su parte, los nacionalistas apelan a derechos humanos y a conceptos de amplitud general, como el derecho de autodeterminación o el valor de la voluntad popular. Para ellos, utilizar la ley de forma que vulnere estos derechos es una forma ilegítima de legalidad, con lo que se creen plenamente legitimados para actuar contra le legislación, en aras de derechos superiores.
Hay mil y un foros donde se discute esto, con ejemplos, analogías y grandes broncas, así que no vamos a insistir en unos y otros argumentos. La cuestión que verdaderamente importa es qué sucede cuando la negociación no es posible, y en este caso no lo es, pues que no se puede celebrar medio referéndum ni se puede hacer media consulta. Los nacionalistas no pueden renunciar a sus pretensiones sin autodestruirse como tales y el gobierno central no puede consentirla sin implosionar como garante de las leyes actualmente en vigor.
Por tanto, si llegada una fecha el gobierno catalán convoca la consulta, o declara unilateralmente la independencia, el Gobierno central debe decidir si negocia, lo consiente o utiliza todos los medios a su alcance para impedirlo. Y ahí llega la gran pregunta: ¿es la fuerza militar uno de esos medios a su alcance?
Francamente, creo que sí, pero con algunos matices que trataré de explicar.
En cualquier país mínimamente democrático, el Estado tiene el monopolio de la violencia, y recurre a ella para el garantizar el cumplimiento de las leyes. Por eso es por lo que se encarcela a la gente y por eso te pueden enviar a los GEOS, armados hasta los dientes, en caso de secuestro o asalto a un banco. La idea, tantas veces repetida, de que el Estado no se atreverá a usar al violencia creo que carece de base jurídica y aún más de base práctica.
Sin embargo, en un caso como este, entran en juego otros muchos factores, con lo que es esperable y deseable que no se llegue tan lejos. Y lo más probable es que no sea necesario, y esto por dos razones:
-Por una parte, el uso directo de la violencia perjudicaría gravemente la imagen exterior de España, que tendría que emplear grades esfuerzos en explicar en el exterior las razones del empleo de medios tan extremos.
-Por otra, y esta es la clave, España no necesita meter las fuerzas armadas en Cataluña, porque lo cierto es que ya están allí. Son, por tanto, los responsables del nuevo Estado independiente los que deben obligarlas a salir para poder controlar su propio territorio y ejercer la autoridad de facto.
Pongamos dos ejemplos: el aeropuerto del Prat y el puerto de Barcelona. El Gobierno central no tiene que enviar tropas a tomarlos. Sus tropas ya están allí y son los representantes de la Generalitat los que tienen que obtener de algún modo su control. ¿Le dicen a la Guardia Civil y al Ejército del Aire que se marchen? ¿Le dicen a las fragatas españolas, con un megáfono, que dejen de controlar el puerto de Barcelona? Si esperan que, sólo con eso, les entreguen el control de las instalaciones, ¡buena suerte!
Lo normal, en el caso extremo, es que deban ser los independentistas los primeros en necesitar del uso de las armas para hacer reconocer su autoridad en su propio territorio. Y ahí es donde se originan los problemas.
España nunca meterá los tanques en Cataluña, como algunos se empeñan en afirmar o en negar. En el peor de los escenarios, sin acuerdo alguno, deberán ser las autoridades catalanas las que encuentre la manera de sacarlos. Porque estar,.ya están. Porque controlar las infraestructuras, ya las controlan.Porque ocupar las posiciones estratégicas, ya las ocupan.
Y el que quiera ocupar su lugar deberá disparar primero: justamente lo que todo el mundo trata de evitar.